Cuando una persona firma un contrato en representación de una sociedad, solicita un financiamiento, constituye una garantía, comparece ante un Notario o actúa frente a una autoridad, existe una pregunta fundamental que debe responderse antes de cualquier actuación: ¿Cuenta realmente con facultades suficientes para obligar a la sociedad?

Con frecuencia, esta cuestión se verifica demasiado tarde, cuando el acto ya ha sido celebrado y surgen dudas sobre la validez de la representación o el alcance de las facultades otorgadas.

La existencia de un poder no significa, por sí misma, que su titular pueda realizar cualquier acto en nombre de la sociedad. Su alcance dependerá de las facultades otorgadas, las limitaciones establecidas, los estatutos sociales y, en su caso, de la naturaleza del acto que se pretende celebrar.

Cuando esta revisión se realiza después de la firma, las alternativas para corregir una representación insuficiente pueden ser mucho más limitadas y complejas. El problema puede traducirse en retrasos en una operación, dificultades para formalizarla ante terceros o, incluso, cuestionamientos sobre la eficacia del acto celebrado.

Otorgar poderes corporativos no es un trámite administrativo más. Una redacción imprecisa puede dejar a la sociedad sin representación suficiente para actos relevantes o, en el extremo contrario, conceder facultades más amplias de las que realmente se pretendían otorgar.

Por ello, la correcta definición, documentación y revisión de los poderes debe formar parte de la gestión corporativa preventiva. No se trata únicamente de determinar quién puede firmar, sino de asegurar que pueda obligar válidamente a la sociedad, en el momento y bajo los términos que corresponden.

Estos son cinco errores que vemos con frecuencia:

1. Confundir el tipo de poder con las facultades que realmente se necesitan. El artículo 2554 del Código Civil Federal distingue tres poderes generales: pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Se mencionan juntos, pero responden a fines distintos. Asumir que un poder “amplio” cubre cualquier operación futura genera obstáculos justo cuando se necesita usar.
2. Omitir la protocolización de acuerdo que otorga el poder. Que el poder conste en el acta de asamblea o de consejo no basta para acreditarlo frente a terceros. El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles exige protocolizar ante notario la parte del acta correspondiente. Sin esa formalidad, un banco, una autoridad o una contraparte puede simplemente no reconocer al apoderado.
3. No inscribir el poder ni su revocación en el Registro Público del Comercio. La inscripción puede ser opcional en algunos casos, pero da certeza frente a terceros y permite verificar quién representa a la sociedad. Y no termina con el otorgamiento: cuando las facultades dejan de ser necesarias, su revocación también debe formalizarse e inscribirse.
4. Suponer que un cambio en la administración de la Sociedad cancela los poderes anteriores. La Ley General de Sociedades Mercantiles es clara: que alguien deje su cargo no extingue automáticamente los poderes que otorgó durante su gestión. Cada cambio de administración o reestructura corporativa debería incluir una revisión, y, en su caso, revocación formal, de los poderes vigentes.
5. Otorgar facultades desproporcionadas, sin límites ni controles. No todo apoderado necesita facultades generales e ilimitadas. Un poder puede acotarse por monto, vigencia, tipo de operación, territorio, cliente, cuenta bancaria o firmas mancomunadas. Mantener un registro interno actualizado, quién, qué facultades, desde cuándo, con qué límites, si sigue vigente, reduce el riesgo de un uso indebido.

En VAHG, la formalización y revisión de decisiones corporativas, poderes, libros y documentación societaria constituyen una parte esencial de nuestra Práctica Corporativa. La experiencia acumulada en este tipo de asuntos nos permite identificar inconsistencias y anticipar posibles riesgos de representación antes de que trasciendan a una operación.

Una revisión adecuada de las facultades antes de la firma puede evitar que un problema de representación se convierta en un obstáculo corporativo, contractual o financiero. La prevención, en estos casos, comienza mucho antes de firmar.

Valeria Hernández Orozco | Pasante

+52 (33) 38171731 Ext. 227 |vhernandez@vahg.mx

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

El pasado 14 de mayo de 2026 entró en vigor el Acuerdo emitido por las Secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el cual se reforman y adicionan los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten ambas dependencias.

Esta Reforma incorpora cambios relevantes en materia migratoria que impactan a los empleadores mexicanos que reciben personal extranjero para participar en proyectos especializados, así como a las personas extranjeras que tramitan visas bajo la modalidad de oferta de empleo. Entre los principales cambios destacan cuatro aspectos clave:

1. Nueva vía de Residencia Temporal: asistencia técnica de Alta Especialidad

Se incorpora un nuevo supuesto al trámite de Visa de Residencia Temporal, aplicable a personas extranjeras expertas en áreas técnicas o de alta especialidad que ingresen a México para brindar asistencia técnica o consultoría especializada en proyectos estratégicos, siempre que no exista una relación laboral subordinada ni percepción de remuneración en territorio nacional.

2. Cambios al trámite de Visa por Oferta de Empleo

La oferta de empleo que sustenta la solicitud de visa de residencia temporal, o de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, ya debía precisar la ocupación conforme al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones vigente y el monto de la remuneración con su periodicidad. Con la reforma, se suma como nueva información obligatoria:

1. Temporalidad requerida y modalidad de trabajo (presencial, remota o mixta).
2. Lugar o lugares donde se desarrollarán las actividades, con dirección completa (domicilio fiscal, sucursales, domicilios operativos u otras ubicaciones).

Supuesto Especial – proyectos estratégicos de Alta Especialidad: Cuando la oferta de empleo se enmarque en un proyecto estratégico que requiera conocimientos profesionales o técnicos de alta especialidad, la oferta deberá indicar además el programa de transferencia de conocimiento y capacitación dirigido a personal mexicano, y acompañarse de la documentación que acredite la especialización de la persona extranjera. Este supuesto aplica únicamente cuando el empleador es una persona moral.

El Acuerdo aclara expresamente que el permiso de trabajo o el otorgamiento de una condición de estancia que suponga realizar actividades a cambio de una remuneración, no implica validación de títulos, certificaciones o licencias profesionales por parte de la autoridad migratoria; únicamente valida la veracidad de la oferta de empleo. La persona extranjera queda sujeta a las obligaciones fiscales mexicanas.

3. Ajustes al Trámite de Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas por razones humanitarias, de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de residencia temporal o de residencia permanente, gestionada ante el Instituto

Para quienes se ubiquen en el supuesto de proyectos estratégicos de alta especialidad, se añade un nuevo requisito: deberán presentar, en original para cotejo, los documentos que acrediten los conocimientos y experiencia de la persona extranjera. También se actualiza el listado de pagos de derechos aplicables.

4. Entrevista Consular

Se reforma el último párrafo de la fracción V, del apartado B (Entrevista Consular), del artículo décimo noveno, del Capítulo XVI, para precisar que la autoridad consular no podrá solicitar, durante la entrevista, requisitos adicionales a los expresamente previstos en la Ley de Migración, su Reglamento, los Lineamientos y demás disposiciones aplicables. Esto brinda mayor certeza frente a solicitudes discrecionales en consulados.

En términos generales, esta reforma es relevante para empresas que reciben regularmente talento extranjero especializado, ya sea en esquemas de consultoría puntual, transferencia tecnológica o contratación formal, pues busca dar mayor claridad al tipo de estancia migratoria aplicable según la naturaleza real de cada relación.

En VAHG, reconocemos que una gestión migratoria adecuada constituye un elemento estratégico para las empresas que operan en México y requieren incorporar talento extranjero especializado. Nuestra práctica comprende el análisis y acompañamiento integral de los diversos esquemas migratorios previstos en la Ley de Migración y su Reglamento, con un enfoque orientado a fortalecer la certeza y seguridad jurídica de nuestros clientes ante la evolución del marco regulatorio y los nuevos requerimientos de las autoridades competentes

Pablo Méndez Fernández | Pasante

+52 (33) 38171731|pmendez@vahg.mx

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Las modificaciones tienen como finalidad armonizar las reglas administrativas con la reciente Reforma a la Ley y su Reglamento, fortaleciendo el marco regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como alineando el sistema mexicano con los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Principales cambios

Entre los aspectos más relevantes destacan:

• Fortalecimiento del enfoque basado en riesgos, exigiendo que los sujetos obligados ajusten sus controles internos de acuerdo con el nivel de riesgo de sus clientes, operaciones y actividades.
• Mayor énfasis en la identificación del beneficiario controlador, reforzando los requisitos para identificar a las personas físicas que ejercen el control o reciben el beneficio final de las operaciones.
• Actualización de los procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), incorporando criterios más robustos para la integración y conservación de expedientes.
• Nuevas obligaciones para Personas Políticamente Expuestas (PEP), incluyendo medidas de debida diligencia reforzada cuando la naturaleza de la relación comercial así lo requiera.
• Adecuación de los procedimientos de registro y presentación de avisos ante la autoridad, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales.

Entrada en vigor escalonada

Las reglas arrancan el 30 de noviembre de 2026 con obligaciones exigibles hacia 2027 y procesos de auditoría programados para iniciar en 2028.

Implicaciones para las empresas

Las personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables deberán revisar sus programas de cumplimiento para verificar que sus políticas, procedimientos y controles internos se encuentren alineados con las nuevas reglas.

En particular, será recomendable:

• Actualizar manuales, políticas internas y metodologías de clasificación de riesgos ajustadas a los nuevos criterios regulatorios.
• Revisar los procesos de identificación de clientes y beneficiarios controladores.
• Capacitar al personal responsable clave y oficiales de cumplimiento.
• Verificar que los procesos de presentación de avisos y conservación de información cumplan con los nuevos requisitos.

Es importante mencionar y destacar que las reglas de carácter general publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público representan un avance significativo en el fortalecimiento del régimen mexicano de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD). Más que una actualización normativa, estas disposiciones requieren que las organizaciones que realizan actividades vulnerables evalúen y, en su caso, fortalezcan sus programas de cumplimiento para asegurar su alineación con el nuevo marco regulatorio, mitigar riesgos y prevenir posibles contingencias o sanciones.
En VAHG contamos con sólida trayectoria asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de dinero (PLD) y cumplimiento regulatorio. Nuestro equipo legal analiza el impacto de estas disposiciones en las estructuras de las empresas y brinda asesoría, diseña e implementa soluciones prácticas y a la medida que les permitan atender eficazmente sus nuevas obligaciones regulatorias en México.

Fernando Hernández Gómez | Socio Senior
+52 (33) 38171731 Ext 225 | fhernandez@vahg.mx

Elvia Ríos Sldaña | Socia
+52 (33) 38171731 Ext 228 | erios@vahg.mx

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Tenemos el honor de anunciar nuestro Patrocinio de la Conferencia Global de 2026 organizada por el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York (NYSBA) en Buenos Aires, Argentina, del 21 al 23 de octubre de 2026.

Este prestigioso evento reunirá a destacados profesionales del Derecho, organismos reguladores, instituciones financieras y líderes del sector– provenientes de diversas jurisdicciones para intercambiar perspectivas y analizar los desafíos y tendencias que están transformando el panorama jurídico internacional.

Con más de 2.000 miembros en más de 70 países, la Sección Internacional de la NYSBA es una de las más activas y con mayor proyección internacional de la Asociación, lo que refleja el alcance global y la diversidad de los profesionales del Derecho de todo el mundo.

A lo largo de tres días, la conferencia contará con sesiones plenarias de alto nivel y mesas redondas especializadas en las que se abordarán los temas más relevantes para el ejercicio transfronterizo de la abogacía, entre ellos la convergencia regulatoria, la responsabilidad profesional, la transformación tecnológica, la divulgación de información en materia ambiental y el futuro de la profesión legal.

Nos complace formar parte de este importante foro mundial y contribuir a un diálogo constructivo sobre el futuro del Derecho. Como Firma con una sólida vocación internacional y un firme compromiso con el fortalecimiento de la colaboración transfronteriza, nuestra participación en esta conferencia reviste un significado especial y representa una valiosa oportunidad para contribuir al intercambio de ideas.

Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila. Si bien esta fecha puede sentirse como una invitación a brindar, también representa una oportunidad para reconocer el valor de una de las industrias más importantes y representativas de México. El Tequila no solo es una bebida con presencia en prácticamente todo el mundo, sino que también es el resultado de una tradición de muchísimos años y de un esfuerzo constante por proteger un producto cuya reputación está estrechamente ligada al país.

La industria tequilera atraviesa un momento de crecimiento. De acuerdo con cifras preliminares del Consejo Regulador del Tequila (“CRT”), durante 2025 se produjeron 583.53 millones de litros, lo que significó un crecimiento de 17.7 % respecto del año anterior[1]. Las exportaciones también mantuvieron una tendencia positiva al alcanzar 407.8 millones de litros, con Estados Unidos como principal importador de Tequila. Al mismo tiempo, el consumo de agave aumentó hasta 2.18 millones de toneladas, es decir, 15.8 % más que en 2024. Estos resultados son especialmente relevantes si se considera el contexto de incertidumbre comercial con Estados Unidos, que al momento no ha repercutido negativamente en el crecimiento de esta industria.

No obstante, la identidad del Tequila no puede entenderse únicamente desde las cifras. Detrás de esos números hay miles de productores, agricultores, destiladores y empresas que han convertido a esta bebida en uno de los principales emblemas de México. Su presencia forma parte de la gastronomía, del turismo y de la cultura popular, mientras que su prestigio continúa abriendo espacio en mercados tan diversos como China, Brasil, India o la Unión Europea.

Este reconocimiento internacional no surgió por casualidad. Buena parte de su éxito descansa en un esquema de protección jurídica y trabajo activo del Consejo Regulador del Tequila (“CRT”) que ha permitido preservar la autenticidad del Tequila frente a imitaciones y usos indebidos. En México, la bebida está amparada por la Denominación de Origen (“DO”), una figura de propiedad industrial que reserva su titularidad al Estado Mexicano y hace que solo se conceda el uso del nombre “Tequila” a los productos elaborados en la región autorizada y conforme a los estándares de calidad determinados. Aquí entra la NOM-006-SCFI-2012 “Bebidas Alcohólicas – Tequila – Especificaciones”, que regula el proceso de producción, certificación y etiquetado, bajo la supervisión del mencionado Consejo Regulador del Tequila.

La protección tampoco termina en las fronteras nacionales, ya que la DO del Tequila cuenta con reconocimiento oficial en 58 países. Esto permite que el nombre “Tequila” pueda defenderse legalmente frente a falsificaciones o intentos de aprovecharse de su prestigio sin cumplir con los requisitos que exige la DO.

Aún con lo anterior, pensar que esa protección está garantizada sería un error. La experiencia demuestra que cada nuevo mercado plantea desafíos distintos, en algunos casos, las regulaciones extranjeras no reconocen plenamente la Denominación de Origen como un derecho de propiedad intelectual o pretenden establecer mecanismos de control distintos a la certificación del Consejo Regulador del Tequila (CRT). Son escenarios que obligan a mantener una estrategia permanente de defensa jurídica y de diálogo con las autoridades de otros países.

Por ello, el Día Internacional del Tequila también es un buen momento para recordar que el prestigio de este producto no se sostiene únicamente por su calidad o por la creciente demanda internacional. Se sostiene, además, gracias a un sistema jurídico que durante años ha protegido su origen, su nombre y su autenticidad. Fortalecer ese sistema será indispensable para que el tequila siga ocupando el lugar que hoy tiene en el mundo y continúe siendo uno de los símbolos más valiosos del patrimonio mexicano.

En VAHG, entendemos la importancia crítica que tiene la protección y gestión de activos de Propiedad Intelectual en la Industria del Tequila. Nuestra experiencia abarca un amplio espectro de servicios legales diseñados para apoyar a los diferentes participantes de esta industria icónica. Desde la colaboración con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) en diversas iniciativas, hasta el análisis de proyectos normativos extranjeros, nuestro objetivo es fortalecer la seguridad jurídica de nuestros clientes y proteger la integridad de la Denominación de Origen Tequila. Asimismo, hemos asesorado a personas y empreas interesadas en integrarse a la Industria como distribuidores, particularmente en la identificación y protección estratégica de sus marcas, así como en la elaboración, revisión y negociación de contratoss de maquila y distribución del Tequila.

Con una sólida trayectoria en Denominaciones de Origen y Propiedad Intelectual, en VAHG ofrecemos asesoria estratégica y especializada. Nuestro compromiso es ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas y proactivas que impulsen su crecimiento en la Industria del Tequila, anticipando riesgos y evitando contratiempos legales. Si necesita asesoría en materia de Propiedad Intelectual o en la Industria del Tequila, nuestro equipo de expertos estará a su disposición para brindarle apoyo necesario.

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

A seis meses del ejercicio fiscal 2026, las reformas al Código Fiscal de la Federación (“CFF”) en materia de fiscalización de cuentas, estados de cuenta y operaciones realizadas a través de entidades financieras no bancarias ya forman parte del marco operativo de cumplimiento fiscal mexicano. La autoridad fiscal ahora cuenta con facultades expresas para revisar información vinculada con Instituciones de Tecnología Financiera (“ITF”), monederos electrónicos y demás entidades del sistema financiero digital, lo que amplía de manera relevante el alcance práctico de las facultades de comprobación tradicionalmente asociadas a cuentas bancarias.

Aunque la reforma nace dentro del ámbito fiscal, sus efectos alcanzan aspectos que van más allá de su observancia. Para las empresas que operan en el sistema financiero digital, este nuevo marco exige revisar no sólo sus declaraciones o registros contables, sino también la forma en que estructuran sus contratos, administran recursos de terceros, documentan sus operaciones y distribuyen responsabilidades dentro de la organización.

El principal cambio de esta reforma no debe entenderse únicamente como una ampliación de las cuentas que el SAT puede revisar, sino como una actualización del marco fiscal acorde con la forma en que operan actualmente las entidades financieras no bancarias. En la práctica, la autoridad fiscal ya no se limita a la información generada por las instituciones de crédito tradicionales, sino que también considera aquella vinculada con cuentas, estados de cuenta, movimientos y operaciones administradas a través de las IFT, SOFOMES, monederos electrónicos y otros participantes del sistema financiero digital.

La consecuencia es que la información generada dentro de estas estructuras puede adquirir una relevancia fiscal directa. Si los movimientos, depósitos o saldos registrados en cuentas o estados de cuenta no son consistentes con la contabilidad, los CFDI, los contratos y la documentación soporte, la autoridad podría cuestionar la naturaleza de dichos recursos e incluso presumir la existencia de ingresos omitidos, salvo que la entidad cuente con elementos suficientes para acreditar su origen, destino y tratamiento contable.

Para una entidad financiera no bancaria, la capacidad de responder adecuadamente ante una revisión no se determina en el momento en que llega el requerimiento de la autoridad. Depende, en gran medida, de decisiones tomadas con anticipación por los órganos de administración y dirección: políticas internas claras, contratos consistentes con la operación real, trazabilidad de los flujos, registros contables ordenados y documentación suficiente para explicar el origen, destino y tratamiento de cada movimiento relevante.

En el caso de las IFT, la regulación ya exige una estructura de gobierno corporativo robusta, incluyendo órganos de administración, dirección, auditoría y cumplimiento; para las demás entidades financieras no bancarias, la lógica preventiva es la misma.

Las decisiones sobre control interno, conservación documental, manejo de cuentas, separación patrimonial y supervisión de operaciones ya no tienen únicamente una dimensión corporativa o regulatoria; también pueden tener consecuencias fiscales directas. En la práctica, conviene que el órgano de administración revise, al menos, los siguientes puntos: (i) la política de tesorería y manejo de cuentas; (ii) la separación entre recursos propios y recursos de terceros; (iii) la conservación y disponibilidad de documentación soporte; y (iv) el mapa interno de responsabilidades sobre autorización, ejecución, registro y supervisión de flujos relevantes.

Esta reforma actualiza una regla fundamental ya contenida en el CFF, ante depósitos en cualquier cuenta (bancaria o no) que no coincidan con los registros contables, la autoridad podrá presumir que se trata de ingresos omitidos por los que deben pagarse contribuciones, salvo prueba en contrario. Esta presunción no es nueva en su lógica, pero sí lo es en su alcance, hoy abarca expresamente las cuentas en entidades no bancarias.

La carga de desvirtuar esa presunción recae en el contribuyente y se sustenta, fundamentalmente, en la calidad jurídica de los contratos y demás instrumentos corporativos que documenten la operación. Un reembolso, una devolución, un anticipo cancelado o un recurso de tercero administrado bajo mandato, fideicomiso o comisión mercantil deben encontrar respaldo en un contrato vigente, congruente con la operación real, suscrito por persona facultada y consistente con los registros contables y los CFDI.

En este sentido, el trabajo legal corporativo debe enfocarse en revisar que los contratos que sustentan la administración de recursos de terceros reflejen la operación real, que las operaciones entre partes relacionadas tengan una razón de negocio documentada y que las comisiones, contraprestaciones, CFDI y flujos observados sean consistentes entre sí.

La reforma al artículo 17-H Bis del CFF también es relevante para las empresas que operan dentro del sistema financiero digital, porque amplía supuestos en los que la autoridad puede restringir temporalmente el Certificado de Sello Digital (“CSD”), es decir, el certificado que permite emitir CFDI. Para una entidad financiera no bancaria, una inconsistencia relevante entre la contabilidad, los CFDI, los estados de cuenta y los registros internos de operación puede dejar de ser únicamente un problema documental o contable y convertirse en un riesgo directo para la continuidad del negocio.

Desde esta perspectiva, la trazabilidad de los flujos debe entenderse como un componente esencial del cumplimiento legal y operativo de la entidad. No se trata únicamente de conservar información para efectos contables, sino de contar con una estructura documental que permita explicar, en cualquier momento, el origen, destino, naturaleza y tratamiento fiscal de los recursos que la empresa recibe, administra o dispersa. Para el órgano de administración, esto implica vigilar que contratos, CFDI, registros contables, estados de cuenta, conciliaciones y políticas internas sean consistentes entre sí y reflejen fielmente la realidad operativa del negocio.

Para las empresas del sistema financiero digital, esta reforma representa una oportunidad importante para revisar su estructura corporativa, la composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, la solidez de sus estructuras contractuales, la separación patrimonial de los fondos administrados, las políticas internas de conservación documental y la trazabilidad de cada flujo relevante.

La consistencia entre lo que ocurre en la operación, lo que dictan los contratos, lo que reflejan los CFDI y lo que muestran los estados de cuenta es un componente esencial del cumplimiento societario y, en última instancia, de la propia continuidad del negocio.

En VAHG brindamos asesoría legal integral a las sociedades que participan en el sistema financiero digital, acompañándolas en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y en la mitigación de riesgos legales. Nuestros servicios incluyen la revisión preventiva de estructuras de gobierno corporativo, el diseño y auditoría de esquemas contractuales, la evaluación de la responsabilidad de administradores y directivos, así como la atención y seguimiento de requerimientos emitidos por las autoridades competentes.

A través de un enfoque estratégico y especializado, ayudamos a nuestros clientes a fortalecer su cumplimiento normativo, proteger sus operaciones y contribuir al desarrollo seguro y sostenible del ecosistema financiero digital.

Elvia Ríos Saldaña|Socia

+52 (33) 38171731 Ext. 228|erios@vahg.mx

Luis Andrés Estrada Intriago |Asociado Senior

+52 (33) 38171731 Ext. 224|lestrada@vahg.mx

Juan Manuel Méndez Sánchez|Asociado

+52 (33) 38171731 Ext. 233|jmmendez@vahg.mx

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

El pasado 24 de febrero de 2026 se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo (“LFT”), que propone modificaciones relevantes al régimen de contratación de trabajadores extranjeros en México.

Si bien la iniciativa aún forma parte del proceso legislativo y, por tanto, no ha sido aprobada ni ha entrado en vigor, su posible implementación podría generar un impacto significativo en las estrategias de contratación y movilidad internacional de las empresas que operan en México, particularmente aquellas que dependen de talento extranjero..

Ante este escenario, resulta recomendable que los empleadores conozcan el alcance de la propuesta y evalúen de manera anticipada las posibles implicaciones en materia laboral y migratoria.

La Importancia del Marco Actual

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que al menos el 90% de los trabajadores de una empresa deben ser mexicanos. Asimismo, cuando se trate de técnicos y profesionales, los trabajadores extranjeros no pueden exceder del 10% de los integrantes de cada especialidad, salvo las excepciones previstas por la propia ley.

En la práctica, muchas empresas —particularmente en sectores como manufactura, tecnología, ingeniería y servicios especializados— incorporan personal extranjero sin verificar periódicamente el cumplimiento de estas proporciones.

El incumplimiento de estas disposiciones puede generar contingencias laborales, sanciones administrativas y, en ciertos casos, riesgos asociados al estatus migratorio de los trabajadores involucrados.

¿Qué propone la Reforma?

Entre los principales cambios planteados por la iniciativa destacan:

1. Reducir la proporción mínima de trabajadores mexicanos del 90% al 75%.
2. Modificar las reglas actualmente aplicables a la contratación de personal extranjero en categorías técnicas y profesionales.

• Incorporar mecanismos de prioridad laboral para personas migrantes en contextos de vulnerabilidad.

1. Mantener y reforzar la obligación de capacitar a trabajadores mexicanos.
2. Excluir determinados puestos directivos estratégicos y sectores del Estado de algunas de estas flexibilizaciones.

La iniciativa busca responder a una realidad que ha evolucionado significativamente en los últimos años: el incremento de los flujos migratorios, la creciente movilidad internacional del talento y la necesidad de cubrir posiciones especializadas en determinados sectores económicos.

Implicaciones prácticas para las Empresas

En caso de aprobarse, la reforma podría generar diversas implicaciones operativas y de cumplimiento:

1. Mayor flexibilidad para incorporar talento extranjero especializado.
2. Necesidad de revisar la composición actual de la plantilla laboral y los criterios de contratación.

• Ajustes en políticas internas, contratos de trabajo y procesos de recursos humanos.

1. Incremento en la atención que deberá prestarse al cumplimiento de obligaciones migratorias, incluyendo autorizaciones de trabajo, trámites ante el Instituto Nacional de Migración y actualizaciones corporativas correspondientes.
2. Posibles controversias o cuestionamientos durante el periodo de implementación, particularmente en sectores con alta presencia de personal extranjero.

Ante este escenario, resulta recomendable que los empleadores conozcan el alcance de la propuesta y evalúen de manera anticipada sus posibles implicaciones en materia laboral y migratoria. Ello, considerando que una eventual flexibibilización de las restricciones laborales no modificaría las obligaciones migratorias vigentes, por lo que los trabajadores extranjeros continuarían requiriendo la condición migratoria y la autorización de trabajo correspondientes para prestar servicios en México.

Estado Actual: La Ley sigue siendo la misma

Por ahora, el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo continúa vigente en su redacción actual y las empresas deben seguir cumpliendo con las reglas hoy aplicables.

No obstante, la iniciativa refleja una discusión que probablemente continuará ganando relevancia en los próximos meses, impulsada por la demanda de talento especializado, los movimientos migratorios internacionales y las necesidades de determinados sectores productivos.

¿Qué recomendamos desde ahora?

Las empresas que comiencen a evaluar el posible impacto de esta iniciativa desde etapas tempranas estarán mejor preparadas para adaptarse ante cualquier modificación legislativa y mitigar riesgos de cumplimiento.

Por ello, recomendamos:

1. Revisar la composición actual de la plantilla laboral frente a los requisitos del artículo 7 vigente.
2. Revisar los contratos y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

• Identificar las posiciones que podrían verse afectadas o beneficiadas por una eventual reforma.

1. Evaluar posibles ajustes a las políticas de contratación y movilidad internacional de personal.

Nuestros Abogados cuentan con amplia experiencia en materia Laboral y Migratoria, por lo que pueden apoyar a Empresas en la evaluación de riesgos, el diseño de estrategias de cumplimiento y la implementación de medidas preventivas que les permitan afrontar con mayor certidumbre los posibles cambios regulatorios. Anticiparse a este tipo de escenarios, facilita la toma de decisiones estratégicas y fortalece la capacidad de respuesta de las organizaciones, independientemente del resultado final del proceso legislativo.

Elvia Ríos Saldaña|Socia

+52 (33) 38171731 Ext. 228|erios@vahg.mx

Luis Andrés Estrada Intriago |Asociado Senior

+52 (33) 38171731 Ext. 224|lestrada@vahg.mx

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha evolucionado rápidamente de una tecnología experimental a una herramienta con aplicaciones concretas en el entorno empresarial y jurídico. Actualmente, su uso, ya sea de manera institucional o incluso informal dentro de las organizaciones se ha extendido a tareas como la elaboración de contratos, la preparación de opiniones legales, la ejecución de procesos de auditoría legal, el análisis comparativo de disposiciones normativas y la traducción de documentos jurídicos complejos.

Su adopción ofrece beneficios significativos en términos de eficiencia, consistencia y optimización de recursos, permitiendo reducir cargas operativas y agilizar procesos tradicionalmente intensivos en tiempo. No obstante, su implementación también plantea retos importantes, particularmente cuando estas herramientas intervienen en actividades que requieren criterio técnico, juicio profesional o conocimiento altamente especializado. En estos casos, la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión, validación y control puede traducirse en riesgos legales, regulatorios y reputacionales para las organizaciones.

Mito VS  Realidad.

El mito más común que escuchamos frecuentemente es: “Si lo generó la Intteligencia Artificial (IA), nadie responde; es solo una herramienta”. En realidad, la IA es precisamente eso: una herramienta, no un sustituto del criterio profesional.

Los entregables siguen teniendo responsables. Las empresas responden por la forma en que utilizan estas tecnologías y por los controles que establecen, y los asesores por la calidad de su consejo y la supervisión de la información generada.

La IA no elimina la responsabilidad; la hace más visible y exige controles claros de supervisión.

Riesgos más comunes:

1. Errores convincentes: cláusulas “estándar” que en realidad no existen, definiciones inconsistentes o referencias legales incorrectas, redactadas con aparente seguridad.
2. Filtración de información: cargar datos personales, secretos industriales o información privilegiada en herramientas públicas o en plataformas sin acuerdos contractuales adecuados.
3. Falta de trazabilidad: no poder identificar qué prompt se utilizó, qué versión del documento fue aprobada o qué fuentes sustentan su contenido.
4. Incumplimiento contractual: ofrecer al cliente “revisión experta” cuando en realidad hubo automatización sin supervisión suficiente, o incumplir obligaciones de confidencialidad y seguridad frente a proveedores.

Transparencia del asesor legal en México.

En México no existe, hasta hoy, una “ley general de IA” aplicable a todo uso corporativo. Sin embargo, ello no significa que el uso de estas herramientas esté libre de reglas.

Diversas obligaciones legales siguen plenamente vigentes: confidencialidad, protección de datos personales, deberes contractuales, estándares razonables de seguridad y responsabilidad civil o contractual. Adicionalmente, los estándares éticos y profesionales se suman, elevando el nivel de diligencia esperado de los asesores legales.

En 2025, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) publicó lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial. En su difusión, se enfatiza un enfoque de transparencia con el cliente, que implica explicar los beneficios, riesgos y limitaciones del apoyo con IA en el contexto de la representación legal.

En la práctica, hay al menos dos reglas que conviene formalizar como política interna:

1. La IA puede apoyar el trabajo, pero no sustituye el criterio profesional.
2. Transparencia con el cliente:  informar qué papel tuvo la IA en el trabajo realizado, cuáles son sus límites y qué medidas de verificación y control se aplicaron al resultado (en línea con los lineamientos difundidos por la BMA)

Por otra parte, el Poder Judicial en México ya ha discutido el uso de IA en procesos jurisdiccionales mediante criterios que destacan mínimos de transparencia, explicabilidad y supervisión humana. Aunque estos criterios no regulan directamente a las empresas, si reflejan una tendencia clara al entorno jurídico: IA puede utilizarse, pero debe existir control y supervisión demostrable.

Checklist práctico para el uso de IA en asesoría legal.

1. Política interna de IA: definir usos permitidos y prohibidos, responsables y niveles de aprobación.
2. Clasificación de información: establecer una regla clara en la cual se prohíba  cargar secretos industriales, propiedad intelectual, datos personales o información sensible en herramientas públicas o no contratadas.
3. Trazabilidad: mantener una bitácora de prompts, fuentes utilizadas, versiones del documento y cambios relevantes.
4. Revisión humana obligatoria: ningún resultado generado por IA debe escalarse sin revisión humana previa y pruebas aleatorias de calidad (sample testing) con evidencia documentada.
5. Due Diligence de proveedores: evaluar seguridad, subprocesadores, ubicación de los datos y políticas de retención.
6. Cláusulas contractuales: incluir disposiciones sobre confidencialidad, responsabilidad, auditoría, propiedad intelectual y límites de uso de la tecnología.
7. Capacitación: entrenar al equipo para usar la IA correctamente como herramienta de apoyo e identificar los “red flags” (citas inexistentes, contradicciones, tono excesivamente seguro o datos inventados).
8. Canal de incidentes: establecer un procedimiento claro para reportar y gestionar filtraciones, distorsiones en la información o errores materiales.

La IA puede acelerar el trabajo legal. Lo que no puede hacer es sustituir la responsabilidad de quien la utiliza.

La conversación sobre inteligencia artificial ya no gira únicamente en torno a productividad, hoy se trata de reglas, control y responsabilidad. Las organizaciones que la integran con lineamientos claros, controles de confidencialidad y verificación documentada pueden capturar eficiencia sin sacrificar confianza.

En México, en 2026, la discusión ya no es si la Inteligencia Artificial será utilizada, sino bajo qué reglas de gobernanza, supervisión y responsabilidad será implementada dentro de las organizaciones. En un entorno donde su adopción avanza más rápido que la regulación, el uso de IA exige procesos documentados, controles humanos y criterios claros de transparencia y rendición de cuentas.

En este sentido, la IA deja de ser un riesgo y se vuelve una herramienta: útil para acelerar borradores, ordenar información y estandarizar procesos, pero siempre sujeta al criterio humano y a controles verificables.

Bien administrada, puede apoyar en la toma de decisiones. Mal utilizada, amplificará errores y expondrá información sensible. Es por esto que, el verdadero reto no es utilizar IA, sino usarla con control, supervisión y trazabilidad.

En resumen, la integración de tecnologías emergentes en el entorno empresarial y jurídico representa una oportunidad estratégica que debe abordarse con visión, prudencia y responsabilidad. En VAHG, estamos comprometidos a acompañar a nuestros clientes en este proceso, brindándoles asesoría integral para enfrentar estos desafíos con certeza jurídica, de manera que la innovación y la ética avancen de forma alineada. Estamos convencidos de que, mediante un enfoque adecuado, es posible construir un entorno en el que la tecnología y el marco legal coexistan de manera armónica, segura y sostenible.

En este sentido, nuestro acompañamiento se enfoca en tres pilares fundamentales: (i) el diseño e implementación de políticas internas para el uso responsable de inteligencia artificial; (ii) la identificación y mitigación de riesgos contractuales, regulatorios y de protección de datos; y (iii) el establecimiento de mecanismos de supervisión, gobernanza y control que permitan una adopción tecnológica alineada con los objetivos y valores de cada organización.

Luis Andrés Estrada Intriago | Asociado Senior

+52 (33) 38171731 Ext. 224 | lestrada@vahg.mx

Valeria Hernández Orozco | Pasante

+52 (33) 38171731 Ext. 227 |vhernandez@vahg.mx

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

En el panorama del derecho inmobiliario en México, uno de los temas que ha cobrado relevancia son los Ejidos, especialmente en zonas de crecimiento y destinos turísticos. Los Ejidos, representan una forma única de propiedad de la tierra que, aunque ofrece oportunidades, también conlleva riesgos legales significativos que muchas veces los propietarios, desarrolladores e inversionistas inmobiliarios no comprenden a fondo hasta que es demasiado tarde.

Los Ejidos se definen como un conjunto de tierras, bosques o aguas que el gobierno mexicano otorga a una comunidad con el propósito de que estos las trabajen y utilicen para su beneficio. Esta forma de propiedad tiene tres características clave:

1. Es una Propiedad Social: A diferencia de la propiedad privada tradicional, los Ejidos no son propiedad del gobierno ni de un sólo individuo, sino que pertenece a una comunidad de ejidatarios.
2. Tiene Personalidad Jurídica: El Ejido actúa como un ente legal con la capacidad de tomar decisiones y celebrar contratos. Esto significa que los desarrolladores deben interactuar con la asamblea de ejidatarios, quienes tienen la última palabra en cualquier transacción relacionada con las tierras ejidales.
3. Tiene Reglamento Propio. Cada Ejido tiene sus propias reglas y procedimientos, que se establecen a través de asambleas donde las decisiones son tomadas por la mayoría de los ejidatarios.

Para muchos Inversionistas, los Ejidos representan oportunidades atractivas principalmente por su ubicación, extensión y precio. Sin embargo, detrás de muchas de estas operaciones existe un riesgo legal que suele detectarse demasiado tarde, el cual consiste en asumir que una “parcela ejidal” puede transmitirse como propiedad privada sin haber concluido previamente el procedimiento de adopción del dominio pleno y su inscripción ante el Registro Agrario Nacional.

El régimen ejidal surge formalmente en México a partir de la reforma agraria derivada de la Constitución de 1917, este sistema se implementó con el objetivo de redistribuir tierras y promover su explotación, ya sea de manera colectiva o individual, dentro de los núcleos agrarios.

Con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional y la expedición de la Ley Agraria, se permitió que ciertos derechos parcelarios pudieran eventualmente convertirse en propiedad privada, siempre y cuando se cumpla un procedimiento legal específico.

No todos los Ejidos pueden venderse libremente. Es fundamental distinguir:

1. Tierras de Uso Común: Las cuales pertenecen al núcleo ejidal y su transmisión tiene restricciones importantes.
2. Solar Urbano: También denominadas “asentamiento humano”, se destinan a que la gente haga sus casas. Pueden transmitirse libremente una vez que se expide el título de propiedad.
3. Parcelas: Pueden ser asignadas individualmente a ejidatarios, pero siguen sujetas al régimen agrario. Hay dos tipos:
   1. Parcelas Ejidales: Estas no pueden transmitirse, solamente pueden cederse entre ejidatarios o avecindados, es decir partes del núcleo ejidal.
   2. Parcelas con Dominio Pleno: Son aquellas donde la Asamblea Ejidal votó para permitir que los ejidatarios se conviertan en dueños absolutos de las parcelas. En estos casos si pueden realizarse transmisiones a terceros.

Para obtener el Dominio Pleno de una Parcela, la Ley Agraria exige entre otras cosas:

• “Asambleas formalmente convocadas”.
• “Quórums específicos”.
• “Notificaciones legales correctas”.
• “Resoluciones válidamente aprobadas”.
• “Inscripción ante el Registro Agrario Nacional”.
• “Emisión de títulos correspondientes”

Si alguno de estos pasos fue omitido o ejecutado incorrectamente, la cadena de propiedad puede quedar comprometida. En términos prácticos, esto puede traducirse en nulidad de compraventas, litigios agrarios, suspensión de desarrollos, entre otros.

En México, particularmente en operaciones relacionadas con Ejidos, el valor de una propiedad no se limita a su ubicación, su extensión o su precio por metro cuadrado; el verdadero valor reside también en la certeza jurídica de su origen y de la posibilidad legal de su transmisión.

Por ello, antes de estructurar cualquier adquisición, resulta indispensable realizar una revisión integral de los antecedentes agrarios, registrales y de propiedad del inmueble. En VAHG, asesoramos a propietarios, inversionistas y desarrolladores inmobiliarios en procesos de due diligence inmobiliario y agrario, con el fin de identificar contingencias, mitigar riesgos patrimoniales y brindar seguridad jurídica en cada operación. En el mundo del Derecho Inmobiliario, el conocimiento es poder, y en el caso de los Ejidos, puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y una complejidad jurídica con impacto patrimonial.

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.

En México, la estructura de la Sociedad Anónima se sustenta en una clara separación de funciones: (i) la Asamblea de Accionistas, encargada de tomar las decisiones fundamentales; (ii) los Administradores, responsables de la gestión y ejecución de dichas decisiones; y (iii) los Comisarios, cuya función principal es la vigilancia y supervisión de la sociedad. Esta distribución no constituye una mera formalidad corporativa, sino un mecanismo esencial de control interno orientado a proteger el patrimonio social, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la transparencia frente a los Accionistas y terceros interesados.

El rol del Comisario dentro del Gobierno Corporativo.

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), la vigilancia de la sociedad está a cargo de uno o varios comisarios, quienes pueden ser accionistas (socios) o terceros ajenos a la Sociedad. Conforme al Artículo 166 de la LGSM, su función principal consiste en vigilar, en todo momento, las operaciones sociales y en concreto, las funciones de los Administradores.

Para cumplir con este mandato, la legislación mexicana les otorga diversas facultades de fiscalización, entre las que destacan:

1. Supervisión financiera: Facultad de exigir a la Administración la información financiera de la Sociedad, incluyendo estados financieros y reportes periódicos de resultados.
2. Rendición de cuentas: Obligación de presentar anualmente a la Asamblea General Ordinaria un informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el órgano de administración.
3. Control de gestión: Derecho de asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas, con el fin de vigilar la legalidad de los actos y los acuerdos adoptados.

La incompatibilidad entre vigilancia y representación.

Un punto particularmente relevante, reforzado por criterios jurisprudenciales, es la prohibición de que el Comisario actúe simultáneamente como mandatario o representante legal de la Sociedad. La interpretación judicial ha sido consistente en este sentido: el mandato otorgado a un Comisario para representar externamente a la sociedad resulta jurídicamente ineficaz.

Esta incompatibilidad deriva de la propia naturaleza del cargo y se explica a partir de tres elementos fundamentales:

1. Vigilancia Ilimitada: El deber de vigilancia del Comisario abarca todos los actos de la Sociedad, incluidos aquellos realizados por mandatarios. Si el propio Comisario actuara como mandatario, tendría que vigilar su propia actuación, lo que desnaturaliza la función de control.
2. Continuidad en el cargo: La función de vigilancia es permanente mientras el Comisario se encuentre en funciones. No es jurídicamente viable que un Comisario suspenda temporalmente su calidad para actuar como representante y posteriormente retome su función de vigilancia.
3. Ámbito Interno: Las atribuciones del Comisario se proyectan hacia la vida interna de la sociedad y buscan proteger el interés de los accionistas. Por el contrario, el mandato tiene como finalidad representar a la sociedad frente a terceros y generar vínculos jurídicos externos. Confundir ambas esferas compromete la independencia del órgano de vigilancia.

Independencia del órgano de vigilancia.

Con el propósito de asegurar la independencia del órgano de vigilancia, la LGSM en su Artículo 165 establece ciertas restricciones para ocupar el cargo de Comisario. En particular, no podrán desempeñar esta función:

1. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio.
2. Los empleados de la sociedad.
3. Los parientes consanguíneos de los administradores en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo.

Nota para la práctica de Fedatarios Públicos.

En la práctica, corresponde a los Fedatarios Públicos verificar que los actos societarios que autoricen o protocolicen se apeguen al marco legal aplicable. En este sentido, la designación de un Comisario como representante legal de la sociedad puede derivar en la ineficacia del mandato otorgado y generar cuestionamientos sobre la validez de los actos celebrados bajo dicho poder.

Responsabilidad y Alcance del Cargo.

Finalmente, es importante precisar que el Comisario no responde solidariamente por las obligaciones fiscales de la Sociedad, ya que carece de facultades de administración o representación frente a autoridades. Su responsabilidad es de carácter orgánico y profesional, y consiste en ejercer diligentemente su función de vigilancia e informar oportunamente a los accionistas sobre cualquier irregularidad detectada.

La omisión en el cumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad civil frente a la Sociedad por el incumplimiento de sus deberes de diligencia.

La correcta delimitación de funciones dentro de las Sociedades no es un aspecto meramente formal, sino un elemento esencial para preservar la integridad del gobierno corporativo. La independencia del Comisario y la incompatibilidad entre su función de vigilancia y la representación de la Sociedad constituyen salvaguardas jurídicas destinadas a evitar conflictos de interés y a fortalecer los mecanismos de control interno.

Podemos resumir que en México, la estructura clásica de la Sociedad Anónima continúa descansando en la separación entre Asamblea de Accionistas, Administradores y Comisarios. No obstante, en 2026 dicha arquitectura ha evolucionado hacia modelos de gobierno corporativo más sofisticados, en los que la vigilancia ya no se limita al Comisario legalmente exigido, sino que se complementa con auditoría externa, controles internos, compliance y mejores prácticas de transparencia.

Con la creciente complejidad de las regulaciones, es vital que las empresas cumplan con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En VAHG, trabajamos de la mano con nuestros Clientes para revisar y adaptar sus documentos y prácticas corporativas a esta legislación, asegurando que cada elemento de su gobierno corporativo esté en regla. Esto no solo minimiza el riesgo de sanciones legales, sino que también refuerza la reputación de la empresa ante sus stakeholders.
Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a nuestros Clientes a prevenir riesgos legales. Al implementar estructuras de gobernanza adecuadas y cumplir con las normativas vigentes, las empresas pueden evitar conflictos internos, fraudes y malas prácticas que podrían resultar en consecuencias legales. En VAHG, creemos que una prevención eficaz comienza con una evaluación exhaustiva de las prácticas actuales y la identificación de áreas de mejora.

En VAHG, nuestra misión es guiar a empresas, inversionistas y órganos societarios en el proceso de estructuración y revisión de sus esquemas de gobierno corporativo. Estamos comprometidos no solo con el cumplimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino con la creación de un marco que asegure el funcionamiento óptimo y la sostenibilidad de las normas corporativas en el tiempo.

Pablo Méndez Fernández|Pasante

Gobierno Corporativo

+52 (33) 38171731|pmendez@vahg.mx

**La publicación de este documento no constituye una asesoría jurídica, contable o profesional de ningún tipo, ni pretende ser aplicable a casos particulares. Este documento sólo se refiere a leyes aplicables en México.